Blockchain y las criptomonedas son tecnologías que realizan las mismas funciones que la infraestructura financiera existente, por lo que no deben tratarse como clases de activos separadas a la hora de elaborar la legislación, según el jefe de tecnología financiera del regulador de valores de Australia.
En un documento presentado el miércoles en la Conferencia de Melbourne sobre Dinero y Finanzas, el jefe de tecnología financiera de la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC), Rhys Bollen, afirmó que las criptomonedas deben regularse en función de su “sustancia económica y no de su forma tecnológica”.
Los valores tokenizados deben estar sujetos a las leyes de valores, y las stablecoins deben estar sujetas a la legislación sobre servicios de pago, afirmó Bollen, al tiempo que señaló que otros elementos de las criptomonedas pueden estar sujetos a las leyes de protección del consumidor.
El enfoque de Bollen contrasta con los marcos normativos específicos para las criptomonedas de otros países, como la Ley CLARITY en Estados Unidos y el marco normativo de los mercados de criptoactivos en Europa.
Bollen argumentó que las tres funciones financieras principales —asignación de capital, pagos y gestión de riesgos— han evolucionado con los avances tecnológicos y que las tecnologías de contabilidad distribuida, como blockchain, no deberían tratarse de forma diferente:
“Los activos digitales representan en gran medida nuevas instancias tecnológicas de actividades financieras tradicionales. Si bien los mecanismos de emisión, transferencia y registro han cambiado, las funciones económicas subyacentes que cumplen estos instrumentos no lo han hecho.”
“Los sistemas reguladores se han adaptado repetidamente a los cambios tecnológicos, desde los instrumentos en papel hasta los registros electrónicos, sin abandonar principios fundamentales como la protección del consumidor, la integridad del mercado y la estabilidad sistémica”, añadió Bollen.
Australia no está elaborando un gran proyecto de ley sobre criptomonedas
Australia ya está empezando a adoptar este enfoque: la parte principal de legislación sobre criptomonedas, el proyecto de ley sobre el marco de activos digitales, solo pretende modificar partes de la Ley de Sociedades, dijo Bollen.
“El proyecto de ley no abandona el marco de servicios financieros existente. En cambio, introduce modificaciones específicas que integran las plataformas de activos digitales en la arquitectura regulatoria establecida.”
El mercado australiano de criptomonedas también ha recibido orientación a través de la hoja informativa 225 de la ASIC, que establece que las definiciones existentes de “producto financiero” y “servicio financiero” en la Ley de Sociedades Anónimas pueden aplicarse a los activos digitales.
“La orientación de la ASIC rechaza explícitamente la idea de que los activos digitales constituyan una clase de activos discreta a efectos reglamentarios”, afirmó Bollen. “En cambio, confirma que un activo digital puede entrar en el ámbito reglamentario cuando funciona como un valor, un derivado, un interés de un plan de inversión gestionado o un medio de pago no monetario”.
Bollen afirmó que centrarse en “las características económicas en lugar de en las etiquetas tecnológicas” permitiría a los reguladores proporcionar normas más claras a los participantes en el mercado, al tiempo que se reducirían “las oportunidades de arbitraje regulatorio”.
La hoja informativa 225 de la ASIC también se centra en la regulación de los intermediarios en lugar de los tokens, y Bollen señaló que la mayor parte del perjuicio para los consumidores en el sector de los activos digitales se ha derivado de la conducta de las plataformas de criptomonedas que ofrecen servicios de custodia, negociación, préstamo o rendimiento.
Las ofertas descentralizadas siguen siendo difíciles de regular
Bollen reconoció que pueden surgir problemas de clasificación con los productos o servicios descentralizados, aunque afirmó que el análisis jurídico debería centrarse en el control y los beneficios prácticos, en lugar de en las afirmaciones formales de descentralización:
“Cuando las partes identificables ejercen influencia sobre el diseño del protocolo, la gobernanza o los resultados económicos, pueden y deben imponerse obligaciones reglamentarias.”
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