La discusión sobre blockchains públicas versus privadas no es nueva. Reaparece cada vez que un país decide dar un paso institucional hacia la tokenización de activos del mundo real, como el caso de El Salvador, donde la Ley de Emisión de Activos Digitales (LEAD) ha puesto al país en el radar internacional. Cointelegraph en Español llevó esta inquietud directamente al regulador para así contrastarla con la arquitectura legal y técnica que hoy rige las emisiones.
En conversación con Juan Carlos Reyes, presidente de la Comisión Nacional de Activos Digitales, se le planteó una idea que circula en ciertas redes sociales: la preocupación de que las blockchains públicas, por su carácter abierto y su dependencia de mecanismos de consenso cambiantes, podrían introducir riesgos estructurales a los activos tokenizados. Frente a esa percepción, Reyes fue enfático en devolver la discusión al terreno regulatorio y operativo.
Su punto de partida es simple pero crucial: la blockchain es el riel tecnológico, no el garante último de la legalidad ni del cumplimiento. En el modelo salvadoreño, explicó, el token no es un objeto libre que se mueve sin restricciones. Está gobernado por contratos inteligentes que incorporan reglas de cumplimiento antes de cualquier transferencia. Dicho de otro modo, la transparencia de una blockchain pública no equivale a permisividad absoluta.
Reyes detalló que cada token emitido bajo el marco regulado incorpora condiciones previas a su movimiento. Antes de que un activo pueda transferirse, el contrato inteligente valida una serie de requisitos: identidad verificada, autorización del custodio regulado y cumplimiento de las reglas definidas por el emisor. “Antes de que el token se mueva, el contrato inteligente pregunta si todas las condiciones están cumplidas”, señaló durante la conversación. Si no lo están, simplemente no se ejecuta la transacción.
Este diseño es relevante porque desmonta una confusión común: asumir que un activo tokenizado en una blockchain pública funciona como un token sin restricciones. En realidad, bajo la LEAD, el token nace con reglas incorporadas que lo hacen incompatible con movimientos no autorizados. “El token se puede ver, es transparente, pero no se puede mover si no cumple las reglas”, explicó Reyes, subrayando que visibilidad no es sinónimo de transferibilidad irrestricta.
Desde una perspectiva más amplia, el presidente de la CNAD defendió que la regulación salvadoreña no se limita a permitir emisiones, sino que exige custodia obligatoria, auditorías exhaustivas y controles de transferencia plenamente exigibles. Esto conecta la tokenización con prácticas conocidas del mercado financiero tradicional, donde la supervisión y el cumplimiento son condiciones básicas para generar confianza. “La tokenización regulada de activos reales requiere conocimiento profundo del mercado financiero tradicional”, afirmó, marcando distancia frente a esquemas improvisados.
Parece clave destacar que esta postura no niega la existencia de riesgos tecnológicos. Ninguna infraestructura digital está exenta de fallas o evoluciones técnicas. Sin embargo, el enfoque del regulador salvadoreño traslada el centro del debate desde la plataforma tecnológica hacia el diseño institucional. La LEAD no pretende que la blockchain sustituya al derecho, sino que lo ejecute de forma programable.
En ese sentido, la elección de blockchains públicas responde también a criterios de accesibilidad y verificabilidad. Al operar sobre infraestructuras abiertas, los activos pueden ser auditados y observados por cualquier participante, lo que reduce asimetrías de información. La clave, según Reyes, está en que esa apertura esté acompañada de reglas claras y ejecutables, no en cerrar la tecnología en entornos opacos.
El debate, por tanto, no debería reducirse a una dicotomía simplista entre blockchains públicas “riesgosas” y blockchains privadas “seguras”. La conversación con el regulador sugiere que la seguridad jurídica no proviene del tipo de blockchain, sino del marco legal que gobierna la emisión, custodia y transferencia de los activos. El Salvador apuesta por demostrar que es posible combinar transparencia tecnológica con controles regulatorios estrictos.
En última instancia, esta discusión refleja un momento de madurez del ecosistema. La tokenización regulada ya no es un experimento marginal, sino un campo donde convergen derecho, finanzas y tecnología. Y es ahí donde la LEAD busca posicionarse: no como una promesa abstracta, sino como un conjunto de reglas diseñadas para que los activos reales encuentren un espacio ordenado en infraestructuras públicas, con todas las protecciones que exige el mercado.
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