Colombia, a través de su autoridad tributaria, la DIAN, ha introducido un régimen de declaración obligatoria para los proveedores de servicios de criptomonedas, exigiendo a los exchanges e intermediarios que recopilen y presenten datos de usuarios y transacciones como parte de su supervisión del sector de los activos digitales.
Las normas se establecieron en la Resolución 000240, publicada el 24 de diciembre, que añade un régimen de declaración de criptomonedas alineado con los estándares internacionales desarrollados por la OCDE, incluido el Crypto-Asset Reporting Framework (CARF).
Según las nuevas normas, los exchanges de criptomonedas, custodios y otros proveedores de servicios deben declarar información de identificación y datos de transacciones de usuarios sujetos a declaración, lo que permite el intercambio automático de esa información con las autoridades fiscales extranjeras.
La resolución también establece requisitos de debida diligencia y valoración, incluyendo métodos de valoración a precio justo de mercado, y establece sanciones para los proveedores que incumplan.
Las obligaciones de declaración están dirigidas a los proveedores de servicios y no imponen directamente deberes de declaración a los usuarios individuales.
La resolución entra en vigor tras su publicación, lo que exige a las plataformas afectadas actualizar sus sistemas de cumplimiento y declaración antes de los primeros ciclos de declaración.
Países actúan para cerrar las lagunas en la declaración fiscal de criptomonedas
A medida que las criptomonedas se adentran más en la corriente financiera principal, los gobiernos de todo el mundo están endureciendo las normas fiscales para cerrar las lagunas en la declaración y reforzar la supervisión de la actividad de los activos digitales.
Uno de los cambios principales es la implementación del CARF, un estándar global respaldado por la OCDE que exige a los proveedores de servicios de criptomonedas recopilar y declarar automáticamente datos de usuarios y transacciones a las autoridades fiscales, con la declaración inicial prevista para 2026 y los primeros intercambios automáticos de información anticipados para 2027.
En una actualización de noviembre, la OCDE indicó que 48 jurisdicciones ya han promulgado, o están cerca de promulgar, leyes que exigen la recopilación de datos relacionados con el CARF, mientras que se espera que otras 27 jurisdicciones comiencen a compartir información en 2028.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, o OCDE, es una organización internacional que desarrolla estándares de políticas sobre tributación, cooperación económica y transparencia financiera.
En Estados Unidos, los legisladores podrían aprobar la Ley CLARITY en 2026, un amplio marco regulatorio diseñado para definir cómo se clasifican, gravan y emiten los activos digitales.
Mientras muchos países avanzan con normas fiscales de criptomonedas más claras, otros se mantienen más cautelosos.
El jueves, las autoridades financieras indias plantearon nuevamente preocupaciones de que las transacciones de criptomonedas podrían obstaculizar la aplicación de impuestos, advirtiendo a los legisladores sobre los riesgos vinculados a la actividad de criptomonedas durante una reunión del comité parlamentario de finanzas.
Aclaración: La información y/u opiniones emitidas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista o la línea editorial de Cointelegraph. La información aquí expuesta no debe ser tomada como consejo financiero o recomendación de inversión. Toda inversión y movimiento comercial implican riesgos y es responsabilidad de cada persona hacer su debida investigación antes de tomar una decisión de inversión.
