Los inversores en criptoactivos de 48 países comenzarán a ver registrados los datos de las transacciones de sus billeteras de criptoactivos con fines fiscales este año, a medida que el esperado Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) se implementa a nivel mundial.
CARF, un marco internacional de transparencia fiscal desarrollado por la OECD, entrará oficialmente en vigor en 2027.
Sin embargo, a partir del 1 de enero, los proveedores de servicios de criptoactivos en las jurisdicciones participantes, incluidos exchanges centralizados y algunos exchanges descentralizados, los cajeros automáticos de criptomonedas, y los corredores y distribuidores, ya están obligados a comenzar a recopilar los datos de transacciones necesarios.
Es una señal de que los países están avanzando hacia una mayor transparencia para combatir la evasión fiscal y el lavado de dinero.
Muchos países listos para recopilar datos fiscales
La OECD afirmó en una actualización en noviembre que un número creciente de jurisdicciones que se han comprometido a comenzar a intercambiar información bajo el marco CARF en 2027 ya tienen la legislación requerida en vigor para exigir a los proveedores de servicios de criptoactivos que recopilen datos relacionados con CARF, o se encuentran en las “etapas finales” de aplicación de dichas leyes.
Uno de los principales objetivos de CARF es ayudar a las autoridades fiscales a garantizar que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones fiscales, independientemente de dónde realicen transacciones con criptoactivos en el mundo.
Los Ministros de Finanzas del G20 habían estado impulsando más acciones al respecto desde 2021, y para 2022, la OECD había finalizado las reglas principales para CARF.
Mientras que 48 países forman parte del primer grupo y se preparan para comenzar a registrar transacciones en 2026 para intercambios de datos que comenzarán en 2027, otras 27 jurisdicciones no comenzarán a compartir información hasta 2028.
Los datos de CARF podrían utilizarse para fines más allá de la fiscalidad
El segundo grupo, que incluye a Australia, Canadá, México y Suiza, tiene hasta el 1 de enero de 2027 para comenzar a recopilar los datos requeridos.
Hong Kong, que forma parte del segundo grupo, está buscando aportes tanto sobre la implementación de CARF como sobre los cambios en los estándares de informes fiscales, según un comunicado de prensa del martes.
El anuncio vinculó la medida con los esfuerzos de la administración local para combatir la evasión fiscal transfronteriza.
Si bien los datos de CARF se limitan a fines fiscales, la firma de software de impuestos para criptoactivos TaxBit afirmó en noviembre que la información podría eventualmente proporcionar un acceso sin precedentes a los detalles de propiedad e identidad de los criptoactivos, lo que podría permitir a las autoridades identificar a los titulares anónimos de criptoactivos, servir como fuente de inteligencia y ayudar a vincular identidades con actividades delictivas.
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