Japón parece estar avanzando para integrar las criptomonedas en su normativa tradicional del mercado, lo que indica que los reguladores quieren que los activos digitales se gestionen a través de exchanges establecidos y una supervisión similar a la de los valores, en lugar de un sistema paralelo.
Esta dirección fue subrayada el lunes por la ministra de Finanzas y Servicios Financieros, Satsuki Katayama, quien respaldó públicamente las bolsas de valores tradicionales y la infraestructura del mercado como la principal puerta de entrada para los activos basados en blockchain.
En su intervención en la ceremonia de apertura de Año Nuevo de la Bolsa de Tokio, Katayama situó 2026 como el primer año de digitalización a gran escala de Japón. Sus comentarios se hicieron eco de un cambio normativo más amplio que ha ido alineando progresivamente las criptomonedas con los mercados de capitales tradicionales.
«Para garantizar que los ciudadanos se beneficien de los activos digitales y basados en blockchain, el papel de los exchanges y la infraestructura del mercado será esencial», dijo Katayama durante la ceremonia, en unas declaraciones pronunciadas en japonés y traducidas automáticamente al inglés, en las que se comprometió a apoyar a las bolsas de valores en el «avance de mercados punteros, accesibles y eficientes».
Los comentarios de Katayama se producen en un momento en que Japón sigue endureciendo el acceso a las criptomonedas a nivel nacional, un proceso que incluye normas de registro más estrictas, la aplicación de la ley contra las plataformas no registradas y el énfasis en los canales regulados.
De la legislación de pagos a la regulación de valores
Las declaraciones de Katayama se basan en los fundamentos normativos que ya se están desarrollando. El 10 de diciembre de 2025, la Agencia de Servicios Financieros de Japón esbozó sus planes para trasladar la supervisión de las criptomonedas de la Ley de Servicios de Pago a la Ley de Instrumentos Financieros y Bolsa, tratando los activos cripto como productos financieros en lugar de herramientas de pago.
En virtud de este marco, la emisión y el comercio de criptomonedas estarían sujetos a regulaciones similares a las de los valores, lo que incluye requisitos de divulgación más estrictos, prohibiciones de uso de información privilegiada y una mayor aplicación de la ley contra las plataformas extranjeras no registradas.
La política fiscal también avanza en la misma dirección. El 2 de diciembre, el Gobierno japonés y la coalición gobernante respaldaron los planes para introducir un impuesto fijo del 20 % sobre las ganancias de las criptomonedas.
Esto equipara los criptoactivos con las acciones y los fondos de inversión y sustituye un sistema que podía llegar a gravar hasta un 55 %. Se espera que la reforma se incorpore a unas modificaciones más amplias de la legislación sobre valores.
Los cambios legales y fiscales sugieren un esfuerzo deliberado por normalizar la integración de las criptomonedas en el sistema financiero japonés existente, en lugar de regularlas por separado.
El acceso basado en exchanges toma forma
La orientación política ya se ha traducido en medidas coercitivas. El 7 de febrero de 2025, los reguladores pidieron a Apple y Google que eliminaran las aplicaciones vinculadas a exchanges de criptomonedas no registradas, entre ellas Bybit, MEXC y KuCoin.
Esto reforzó la idea de que el acceso de los usuarios japoneses se limitaría a las plataformas que cumplieran con la normativa local.
La presión regulatoria ya ha remodelado la participación en el mercado. El 23 de diciembre, Bybit anunció que comenzaría a eliminar gradualmente los servicios para los residentes japoneses en 2026, citando requisitos regulatorios y normas de registro.
Mientras que otros actores se encaminan hacia la salida, los reguladores japoneses han respaldado las iniciativas de stablecoins lideradas por bancos y han explorado marcos que permitirían a las instituciones reguladas desempeñar un papel más importante en los mercados de criptoactivos.
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