La tokenización de activos ofrece un potencial transformador para América Latina, pero la seguridad jurídica proveniente de normativas robustas será “indispensable” para impulsar una mayor adopción en la región, según explicó a Cointelegraph en Español el abogado especializado en innovación del estudio Pearson Abogados, Gonzalo Revilla Cornejo.
Revilla Cornejo señaló riesgos y desafíos para la tokenización en LATAM, y destacó que poseer un token digital no equivale necesariamente a tener la propiedad jurídica del bien físico que este representa, debido a una desconexión que aún persiste entre la tecnología blockchain y los registros públicos tradicionales.
Desafiando las bases del derecho
Más allá de cualquier desafío práctico, la tokenización “interpela las bases del derecho clásico al introducir una naturaleza dual en los activos”, afirmó Revilla Cornejo, en la cual “el control fáctico mediante claves privadas empieza a desplazar la noción tradicional de propiedad vinculada a la posesión física o al registro centralizado”.
“Este fenómeno desdibuja la frontera entre los derechos reales y personales, planteando una nueva forma de señorío sobre los bienes que el ordenamiento aún intenta categorizar”, explicó el abogado.
De igual manera, la posibilidad de fraccionar activos “convierte a bienes tradicionalmente civiles en instrumentos financieros que pueden encuadrar como valores negociables”, lo que demanda el cumplimiento de normas de la oferta pública, según destacó.
Los contratos inteligentes que sustentan la tokenización, añadió Revilla Cornejo, desafían la teoría general al automatizar las ejecuciones, por lo que “obligan a redefinir si el código es el contrato en sí mismo o simplemente el vehículo de un acuerdo previo expresado en lenguaje natural”.
Brecha crítica con la propiedad legal
El proceso de tokenización involucra la representación digital de un activo real, como un inmueble o una obra de arte, en una blockchain a través de tokens emitidos y gestionados en la misma. Pero, ¿tener este token garantiza la propiedad del activo subyacente?
En términos legales, el abogado explicó que “tener un token no equivale necesariamente a la propiedad jurídica”, debido a que “persiste una brecha crítica entre el registro en la blockchain y la realidad registral fuera de ella”.
Revilla Cornejo detalló que, en la mayoría de las jurisdicciones, la propiedad de activos de alto valor, como los inmuebles, sólo se perfecciona y es oponible a terceros mediante su inscripción en registros públicos oficiales.
De esta forma, para que el vínculo token-activo tenga validez jurídica real, se necesita una estructura legal “puente”, como un “fideicomiso que retenga la titularidad del bien en favor de los tenedores de los tokens”, explicó el abogado, que garantice que el activo digital no quede “desvinculado de la cosa física”, añadió.
“En consecuencia, cualquier evento en el mundo real, como un embargo o una venta tradicional, podría invalidar los derechos representados por el token si no existe un vínculo jurídico robusto que los proteja”, avisó el jurista de Pearson Abogados.
Recientemente, al analizar el panorama de la tokenización inmobiliaria en España, el abogado Gonzalo García-Valdecasas, resaltó que la posición de los tokens inmobiliarios no otorga la propiedad directa sobre el inmueble, sino una participación a la sociedad que la gestiona.
Código o contrato: ¿qué prevalece a nivel legal?
En caso de una disputa en el plano legal, y de acuerdo al marco jurídico actual, el abogado explicó que “la ley y la voluntad de las partes plasmada en el contrato tradicional prevalecen sobre el código informático”, ya que “los principios de autonomía de la voluntad y buena fe son los rectores para interpretar los negocios jurídicos”.
“Aunque el contrato inteligente ofrezca una inmutabilidad técnica”, indicó Revilla Cornejo, “un juez puede intervenir y ordenar rectificaciones si la ejecución automática se aparta de la intención real de las partes o deriva en un enriquecimiento sin causa”.
De esta manera, en palabras del abogado, la justicia puede ordenar rectificaciones desde el plano legal para asegurar que la “realidad jurídica se imponga sobre el automatismo tecnológico”.
Sistemas judiciales aún adaptándose
Consultado sobre la capacidad de los tribunales para resolver conflictos vinculados a la tokenización, el abogado describió la situación como una “fase incipiente de adaptación”, donde los sistemas judiciales aún enfrentan desafíos operativos a gran escala.
La naturaleza descentralizada de las redes blockchain dificulta tareas básicas para la justicia, mencionó Revilla Cornejo, como la identificación de las partes o la ejecución de medidas cautelares, ya que “no existe un administrador central a quien un juez pueda intimar”.
A esto se suma una barrera técnica adicional, como la interpretación de contratos escritos en lenguajes de programación, la cual requiere de un peritaje complejo que “todavía no es moneda corriente en los tribunales”, añadió.
En consecuencia, esta falta de familiaridad y la ausencia de marcos procesales específicos generan una incertidumbre que el derecho aún está trabajando para resolver, destacó el abogado.
Desafíos legales de la tokenización
Los riesgos y desafíos legales asociados a la tokenización son “multidimensionales”, indicó Revilla Cornejo, y se centran en la incertidumbre regulatoria y la responsabilidad civil.
En principio, el abogado mencionó el “problema del oráculo” como un riesgo crítico. “Si el contrato depende de datos externos erróneos para ejecutarse, la cadena de responsabilidad entre programadores y proveedores de datos entra en una zona gris”, alertó.
También mencionó el desafío de cumplir con las normativas como Conoce Tu Cliente (KYC) y de prevención de lavado de dinero (AML) en redes diseñadas para el seudonimato, así como también la “fragmentación jurisdiccional”, la cual complica el proceso de “determinar qué ley aplica cuando el emisor, el inversor y los nodos de la red están dispersos por el mundo”.
Seguridad jurídica: clave para la adopción masiva
Para que la tokenización de activos alcance una adopción masiva en América Latina, Revilla Cornejo consideró indispensable alcanzar una “verdadera seguridad jurídica” que nazca de la convergencia entre los registros públicos y las redes blockchain.
En este sentido, la normativa “debe evolucionar de los espacios de prueba hacia leyes definitivas que reconozcan a la representación digital como un título suficiente de propiedad o crédito”, añadió.
Finalmente, el abogado destacó que también es clave una “armonización regional” de regulaciones para simplificar las operaciones transfronterizas y atraer a inversores institucionales y minoristas, con el objetivo de garantizar la previsibilidad y seguridad del mercado de capitales tradicional en el entorno digital.
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