Un tribunal de Texas ha desestimado una demanda presentada por el desarrollador de criptomonedas Michael Lewellen, en la que solicitaba una sentencia declarativa que estableciera que su software, Pharos —que facilita las donaciones a campañas benéficas de financiación colectiva—, no sería objeto de acciones judiciales por infringir las leyes sobre transferencia de fondos.
El juez federal de distrito Reed O’Connor desestimó el caso el miércoles, al considerar que Lewellen no había demostrado la existencia de una amenaza creíble de un proceso judicial inminente.
«Me ha decepcionado que el tribunal haya desestimado hoy mi demanda», declaró Lewellen en X el miércoles.
En su desestimación, el tribunal también citó un memorándum del Departamento de Justicia en el que se afirma que este ya no actuará contra los exchanges de monedas virtuales, los servicios de mezcla y tumbling ni los monederos offline por los actos de sus usuarios finales o por infracciones involuntarias de la normativa.
«Un memorándum no vinculante del Departamento de Justicia no sustituye a la verdadera seguridad jurídica», añadió Lewellen.
Los desarrolladores de software de criptomonedas buscan cada vez más protecciones legales para protegerse de la responsabilidad penal por el software que crean.
Otros desarrolladores de software de criptomonedas procesados
Lewellen, miembro del grupo de defensa de las criptomonedas Coin Center, que respaldó la demanda, argumentó en su demanda judicial el pasado mes de enero que los desarrolladores de software similar a su producto, como los responsables de Tornado Cash y Samourai Wallet, se han enfrentado a procesos judiciales en virtud de estas leyes.
El cofundador de Tornado Cash, Roman Storm, fue condenado el año pasado por conspiración para operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia. Los cofundadores de Samourai Wallet, un monedero de Bitcoin centrado en la privacidad, fueron declarados culpables del mismo cargo; ambos casos fueron citados por Lewellen como prueba de una amenaza jurídica real para desarrolladores como él.
Sin embargo, el juez O’Connor argumentó que «la conducta principal de esos casos es el lavado de dinero».
«Por el contrario, la conducta principal en este caso sería la gestión de un negocio. Y Lewellen niega haber realizado ninguna transferencia a sabiendas de fondos de origen delictivo, lo cual es fundamental en los procesos judiciales a los que él hace referencia», escribió el juez O’Connor.
Caso desestimado por ahora, pero podría no haber terminado
Lewellen afirmó que sus abogados están explorando todas las opciones para seguir adelante.
El juez O’Connor desestimó el caso sin perjuicio, lo que significa que Lewellen podría volver a interponer la misma demanda con ciertas correcciones o modificaciones.
Peter Van Valkenburgh, CEO de Coin Center, afirmó que el memorándum citado por el juez O’Connor «no ha proporcionado una protección significativa a los desarrolladores, dados los resultados de los casos de Tornado Cash y Samourai Wallet».
Tanto Valkenburgh como Lewellen han pedido ahora al Congreso que apruebe la Ley de Certeza Regulatoria de la Blockchain de 2026.
Presentada por la senadora Cynthia Lummis en enero, la legislación tiene por objeto aclarar que los desarrolladores y proveedores de software sin custodia que no controlan los fondos de los usuarios no están sujetos a las leyes de transmisión de dinero.
«Así que, aunque espero que el tribunal tenga razón al afirmar que los desarrolladores de software sin custodia no corren un riesgo real, el memorándum Blanche no es suficiente para garantizar sus derechos. Se trata de una señal de aplicación vaga, no de un límite duradero al poder del Gobierno», añadió Valkenburgh.
“Peor aún, el tribunal ha utilizado ahora esa señal imprecisa como motivo para no aportar claridad jurídica real sobre el alcance de la responsabilidad de los desarrolladores. En lugar de una norma clara, los desarrolladores reciben un memorándum revocable y un tribunal que les dice que no se preocupen.”
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